El Congreso de España rechazó los decretos de vivienda dos veces, 178-172 y 184-166. Disolver el Congreso les dio la victoria, 35-34.
Dos veces este mes, el Congreso de 350 escaños de España rechazó los decretos de vivienda del presidente Pedro Sánchez —178 contra 172, y luego 184 contra 166—. Su respuesta fue disolver el Congreso, convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y enviar los mismos decretos a la Diputación Permanente, el órgano de 69 miembros que gestiona los asuntos del Parlamento entre legislaturas, donde su coalición controla 35 votos frente a los 34 de la oposición.
La cámara que no necesita el voto que acabas de perder
La Diputación Permanente existe para atender asuntos urgentes mientras el Congreso está disuelto, una especie de órgano parlamentario de guardia. Tiene 68 miembros más la presidenta de la cámara, repartidos para reflejar la composición de la cámara plena: 27 escaños para el Partido Popular, 25 para los socialistas de Sánchez, 6 cada uno para Sumar y Vox, y uno para cada uno de ERC y Junts por Cataluña, EH Bildu por el País Vasco, y el Grupo Mixto. Haciendo cuentas, el bloque socialista-Sumar, con sus aliados menores, alcanza 35 votos frente a los 34 combinados de PP, Vox y Junts —una mayoría que Sánchez nunca tuvo en el pleno del Congreso, donde los siete votos de Junts bastaron para hundir ambos decretos.
En otras palabras, disolver el órgano que rechazó su paquete de vivienda le entregó otro órgano en condiciones de aprobarlo. Los decretos en cuestión no han cambiado: una prohibición de desahucios para inquilinos vulnerables hasta 2030, límites a las compras de «fondos buitre» por debajo del 70% del valor de mercado, nueva regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y prórrogas automáticas de hasta cinco años en los contratos de alquiler, con la obligación de que los propietarios avisen con seis meses de antelación y paguen una indemnización de un año de renta para no renovar.
Dos derrotas, unas elecciones y un tipo de remontada muy concreto
El Congreso rechazó el primer decreto por 178 votos a 172 y el segundo por 184 a 166, ambas derrotas impulsadas por Junts, el partido nacionalista catalán cuyos votos habían sostenido al gobierno en minoría de Sánchez desde 2023 y que esta vez los retiró. Al anunciar las elecciones anticipadas, Sánchez dijo que el gobierno necesitaba «renovar el apoyo de la gente» y «conseguir una mayoría progresista mucho más amplia», añadiendo: «También sé que parte de esa mayoría social está hoy descontenta.»
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular encabeza actualmente las encuestas con una posible coalición con Vox, planteó la votación como un referéndum sobre el propio gobierno: «La pregunta que le hago a los votantes es si quieren cuatro años más de lo que hemos estado viviendo, o si quieren darle una oportunidad al cambio.» Las encuestas que cita sugieren que un gobierno de PP y Vox sería el primero en incluir a la extrema derecha en el gobierno nacional de España desde el final de la dictadura de Francisco Franco.
Las protestas que la votación debía responder
El paquete de vivienda llegó tras semanas de manifestaciones por los alquileres y los desahucios, incluida una protesta en Madrid que reunió a más de 70.000 personas el sábado anterior a la votación, tras el desahucio, ampliamente cubierto por los medios, de una inquilina de 87 años. Sean cuales sean los méritos de los decretos, el Congreso de España se encuentra ahora en la posición de haberles dicho que no dos veces, solo para que un subconjunto de 69 de sus propios miembros esté en condiciones de decirles que sí antes de que los votantes tengan ocasión de decir nada en absoluto.
Se espera que los decretos vuelvan a la Diputación Permanente con la nueva aritmética del gobierno, y lleguen a los votantes el 29 de noviembre como ley ya vigente, en lugar de como promesa electoral —una secuencia que permite a Sánchez hacer campaña con políticas que la cámara a la que pide a los votantes que lo reelijan ya rechazó dos veces.
España pasará las próximas ocho semanas decidiendo si ratifica, con carácter retroactivo, una política de vivienda que su propio Parlamento rechazó dos veces, que se disolvió a sí mismo para esquivar, y que puede o no seguir en el poder para defender cuando alguien finalmente llegue a votar sobre ella.